El ISBN se usa en España desde
1972, siendo atribuida la gestión del mismo a la Administración Pública ,
en concreto al Instituto Nacional del Libro. El ya citado Decreto de 1972
determinaba la necesidad de implantación del ISBN para establecer unos
«sistemas estadísticos perfeccionados, tanto por la exigencia de una
información rápida y exacta como por la conveniencia de los propios editores,
al facilitarles el estudio de mercados y la imprescindible mecanización de sus
medios de comprobación de existencias y tiradas», así como «por la obligada
colaboración con los servicios informativos bibliográficos de todo el mundo».
El Instituto Nacional del Libro (organismo autónomo del Ministerio de Cultura) fue suprimido en 1986; sin embargo se dictóla Orden de 25 de marzo de 1987 por la
que se regula la
Agencia Española del ISBN (Sistema Internacional de
Numeración de Libros), dependiente de la Dirección General
del Libro y Bibliotecas y adscrita al Centro del Libro y de la Lectura. A esta le
seguiría el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley
10/2007, de 22 de junio, de la
Lectura , del Libro y de las Bibliotecas en lo relativo al
ISBN. En todo caso, desde su creación, la gestión fue asumida por el Estado, en
concreto por el Ministerio de Cultura.
La gestión pública anteriormente mencionada no está ya en vigor, ya que desde diciembre de2010 ha dejado ser gestionado por el poder público y ha pasado a manos privadas, en concreto a la Federación del Gremio de Editores de España. Esta federación asocia a muchos editores de España (no
todos) y fue fundada en 1978. Esta medida ha suscitado la polémica en el ámbito
cultural, tanto a favor como en contra. El director ejecutivo de dicha
federación ha señalado cómo en el caso de España fue asumido en 1972 por «el
Estado, la dictadura, por motivos de censura y control», en lugar de lo que
ocurrió en el «resto de Europa, donde lo gestionan los editores». Esto es
cierto, aunque también hay que señalar que hay países (por ejemplo, en muchos
de Hispanoamérica) que fueron asumidos por la Administración Pública sin haber una dictadura cuando entró en el sistema. A su vez, durante muchos
años de democracia en España ha seguido siendo gestionado por funcionarios sin
sentido que se atribuyera la gestión a una entidad privada que, además, no
representa a todas las editoriales, ya que no existe obligación por parte de la
entidad editora de federarse o asociarse a ésta. Sin embargo, en la federación
de editores se defiende que el número de libros publicados anualmente está inflado
artificialmente, ya que la Agencia Española del ISBN dice que se publican más libros al
año de los que mantiene la federación. Además, mientras la Agencia afirma que hay
casi siete veces más títulos disponibles que los que dice la federación. La
razón que mantiene la federación es que se otorgan números de ISBN a artículos
o publicaciones que no llegan a ser realmente libros con acceso al público,
realizándose estos por motivaciones distintas, como puede ser para engordar
currículum en aras de una futura promoción. La asunción del sistema por parte
de la federación de editores va a permitir establecer un precio por número de
ISBN. Anteriormente era gratuito, no existía tasa alguna. El precio por ISBN depende,
actualmente, del número de ISBNs solicitados: 95 € por 10 códigos; 549 € por
100 códigos; 3500 euros por 1000; 26000 € por 10000. En el caso de la autoedición,
son 45 euros por cada código. Además, crea el sistema DILVE, también de pago,
aunque opcional; éste es una base de datos que funciona como plataforma para el
negocio del libro. Hay algunos que ven en estas medida un camino hacia mayores
exigencias económicas en el futuro que impidan el acceso a la publicación y que
pueden extenderse incluso a la simple consulta. Otros creen que de esta manera
se limita la publicación falsa de libros, como antes explicamos.
El Instituto Nacional del Libro (organismo autónomo del Ministerio de Cultura) fue suprimido en 1986; sin embargo se dictó
La gestión pública anteriormente mencionada no está ya en vigor, ya que desde diciembre de
El debate por
esta reciente privatización de la gestión del ISBN en España está abierto.
Frente a aquellos que mantienen la misión eminentemente cultural del
ISBN y la legitimación de que sea gestionado por manos públicas y no
privadas, se enfrentan aquellos que defienden que el nacimiento del ISBN se
produjo por razones comerciales, siendo lógico, por tanto, que sea gestionado
por los editores. La discusión sigue, y seguirá, abierta.